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domingo, 3 de mayo de 2009

INDIOS EN CEUTA


Pulso indio en Ceuta
Medio centenar de inmigrantes llevan más de un año en el monte a la espera de que el Gobierno ejecute la orden de expulsión o se apiade de ellos, como en otros casos, y les dé papeles. ¿Es humana la ley? ¿Es justo sentar el precedente?
Amanece una mañana más después de 386 días en el monte. Claman de fondo las olas y el viento infatigable del estrecho de Gibraltar. Babu se cepilla los dientes acompañado por varios gatos. Gurinder, tocado con un ceñido turbante naranja, remueve sin la menor prisa el té con leche sobre la candela. Raj se ejercita levantando unas pesas improvisadas con botellas de agua rellenas de hormigón.
Una rata mordisquea una bolsa de plástico al pie de un viejo congelador roído por la intemperie en lo que podría ser la improvisada cocina del campamento. Nadie se inmuta. De entre los cobertizos de plásticos, cartones y palos acomodados en la pendiente van saliendo más almas que dan los buenos días en castellano al reportero. En pocos minutos se les ve perfectamente aseados. Brutal contraste en medio de tanta inmundicia.
Una mañana más desde que 54 jóvenes indios decidieron el 7 de abril de 2008 irse del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta y acampar bajo los árboles a unas decenas de metros del edificio para llamar la atención de las autoridades españolas. Como ellos mismos explican, no estaban siendo maltratados en el centro y recibían el mismo trato que los demás internos pero sobre ellos pesa una orden de expulsión de territorio español que puede hacerse efectiva en cualquier momento.
En el limbo
Se preguntan porqué la Delegación del Gobierno los ha mantenido en una especie de limbo desde que llegaron -algunos hace más de dos años- y porqué no son tratados como el grupo de 35 bengalíes que el año pasado, después de protagonizar una protesta similar en el monte, fue finalmente trasladado a Madrid.
Ahí está el campamento, ahí está la orden de expulsión y ahí están los antecedentes. Una verdadera patata caliente. El delegado del Gobierno, José Fernández Chacón, se remite a la ley y sólo a la ley y deja entrever que esta vez no habrá medida de gracia. Ante él ha intercedido el presidente de la Comunidad Hindú de Ceuta, Ramesh Chandiramani. Opina que «no se debería haber llegado a esta situación inaceptable» y, tras referirse al caso de los bengalíes, añade que los indios «deberían ser documentados».
Algunas asociaciones como Elín, además de ayudarles en el día a día, tratan de buscar un recoveco entre la jurisprudencia que permita poner freno a la orden de expulsión. El propio director del CETI, Valeriano Hoyos, expresa sus sentimientos encontrados. «Los entiendo porque yo mismo me echaría al monte si estuviese en su situación», pero «la ley es la ley». «El resto de emigrantes del CETI (estos días 380) se echarían al monte si éstos se quedaran en España», añade.
Algunas asociaciones como Elín, además de ayudarles en el día a día, tratan de buscar un recoveco entre la jurisprudencia que permita poner freno a la orden de expulsión.
«Rezamos para que no venga la Policía. Ceuta es muy pequeño. Aquí atrás tenemos la frontera de Marruecos, aquí delante el mar. En cuanto quieran, en cinco o diez minutos, nos cogen. Pero estamos tranquilos», afirma Gurpreet Singh, de 24 años y conocido por el apodo de Babu, que por su buen español suele oficiar de portavoz del grupo de indios. Mueve la cabeza en señal de pesimismo mientras su palabras tiran hacia la orilla de la esperanza que, en este caso, es la de la Península, a sólo unos cuantos kilómetros de donde se encuentran.
Tanto él como sus compañeros hilan historias de pobreza familiar, de ruina para lograr alimentar a las mafias de la emigración encargadas de hacerlos llegar al sueño europeo. Entre 12.000 y 15.000 euros afirman haber desembolsado a estas cadenas, que cuentan con eslabones en los distintos países por los que van circulando. Casi todos han llegado por avión hasta alguna capital africana antes de emprender la obligada travesía del desierto del Sahara de sur a norte.
«Mejor que Marruecos»
Raj, de 24 años, salió de su casa en Rara Sahib, en la región del Punjab, el 7 de octubre de 2005. Su vida es una odisea hasta que logró llegar el 13 de febrero de 2007 oculto en el salpicadero de un coche marroquí a Ceuta. El vuelo a Dakar desde Delhi fue sólo el primero de cientos de días de hambre, sed, caminatas en medio de desierto, detenciones, calabozos, expulsiones y engaños en una treintena de ciudades de más de media docena de países. Mira a su alrededor durante un descanso en el improvisado gimnasio y afirma sin dudar que «esto es mucho mejor que Marruecos, el único problema es que ya llevamos demasiado tiempo aquí». Entonces, ¿cómo salir del laberinto? Esta es la pregunta que todos se hacen.


La Convención de Ginebra impide que sean refugiados
Las leyes no entienden a veces de pobreza y mafias y, según la Convención de Ginebra, estos inmigrantes indios no pueden ser considerados refugiados porque no huyen por causa de su religión, nacionalidad, raza, pertenencia a un determinado grupo social o sus opiniones políticas. Como ellos mismos explican, son emigrantes económicos. «Nos dijeron que en Europa encontraríamos trabajo», dice Babu, que estudió en la universidad comercio e informática, camino de la puerta de un supermercado donde saca varios euros al día de aparcacoches y devolviendo a su sitio los carros de la compra. Pasa por delante de un control de la Guardia Civil y junto a un coche patrulla de la Policía Local. Indiferencia por ambas partes. La orden de expulsión sigue congelada.