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miércoles, 24 de octubre de 2007

Revisión mundial
Una familia sikh que desea solicitar asilo en Canadá recibe asesoramiento de un abogado.

La revisión a nivel mundial de las propuestas legislativas, al cierre de esta edición de REFUGIADOS, acentuaba las preocupaciones humanitarias en muchas áreas, pero conseguía también algunos progresos.
En Estados Unidos, según el "Acta de la América Unida y Reforzada mediante la Creación de los Mecanismos Necesarios para Interceptar y Obstruir el Terrorismo" de 2001, las esposas e hijos de las personas consideradas no aceptables por cuestiones de terrorismo podrían también ser detenidos a causa de su relación familiar y no por sus acciones individuales. Una nueva cláusula pondría más obstáculos al asilo, excluyendo posiblemente a las personas que merecen el estatuto de refugiado.
Las secuelas de los ataques de septiembre reverberaron también en el vecino Canadá, donde la política de inmigración y las preocupaciones por la seguridad de la frontera sin protección más larga del mundo son temas polémicos desde hace algún tiempo (revista REFUGIADOS N° 119).
La propuesta de un Acta de Inmigración y Protección al Refugiado, que se había estado paseando desde febrero por el Parlamento, recibió rápidamente la aprobación. Algunos de sus partidarios habían considerado el proyecto de ley excesivamente restrictivo, pero guardaron silencio sobre este tema para pasar a centrarse en cuestiones de libertades civiles y de procesos justos como consecuencia de los ataques.
En octubre, se presentó un proyecto de ley antiterrorista de 171 páginas. Los más críticos temían la amplitud de los poderes que la propuesta de ley otorgaba a la policía y a los tribunales. La Ministra de Inmigración, Elinor Caplan, anunció una estrategia sobre seguridad con cinco puntos, incluida la preparación por vía rápida de documentos de residencia permanente a prueba de falsificaciones para los nuevos inmigrantes; inspecciones de seguridad más severas a los solicitantes de asilo; la potenciación de los mecanismos de detención y deportación y la contratación de más personal en los puertos de entrada.
Excluir a los terroristas La Convención sobre los Refugiados de 1951, contra el terrorismo
A raíz de los ataques de septiembre en Estados Unidos, gobiernos, políticos y medios de comunicación temían que los terroristas pudieran valerse de las disposiciones de la Convención de Ginebra de 1951 sobre los Refugiados para encubrir sus operaciones.Algunos estados se precipitaron a elaborar o reforzar leyes antiterroristas. La agencia de la ONU para los refugiados apoyaba las medidas adicionales de seguridad que fueran "razonables", pero añadía que había que lograr un "equilibrio adecuado" con los principios de protección al refugiado, subrayando que la misma Convención excluía a los terroristas bajo las denominadas "cláusulas de exclusión".
El Artículo 1F sostiene que:
Las disposiciones de esta Convención no serán aplicables a persona alguna respecto de la cual existan motivos fundados para considerar:
a) Que ha cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la humanidad, de los definidos en los instrumentos internacionales elaborados para adoptar disposiciones respecto de tales delitos;
b) Que ha cometido un grave delito común, fuera del país de refugio, antes de ser admitida en él como refugiada;
c) Que se ha hecho culpable de actos contrarios a las finalidades y a los principios de las Naciones Unidas.
El Departamento de Ciudadanía e Inmigración endureció inmediatamente los procedimientos de entrada para los solicitantes de asilo al ordenar que su "selección" se procesase en los puertos de entrada en vez del antiguo procedimiento de llevarla a cabo posteriormente dentro del país. Una organización benéfica estadounidense, Vive la Casa, desafió enseguida esta medida conduciendo un convoy de automóviles y autobuses con varias docenas de solicitantes de asilo hasta un puesto fronterizo y exigiendo que se les permitiese la entrada a Canadá.
Al día siguiente, se emitió una orden temporal de 30 días que permitía a los agentes de inmigración "devolver" a los supuestos refugiados a Estados Unidos hasta que fueran citados para regresar hasta la frontera.
Ottawa era particularmente sensible a las acusaciones de algunos políticos estadounidenses de que Canadá sirve de plataforma a los terroristas, a pesar de no haber ninguna prueba de que los responsables de los atentados de septiembre entrasen a EE.UU. por su frontera norte.
La palabra de moda en los círculos de inmigración a finales de año era la "armonización" de las políticas de inmigración y refugiados de ambos países, aunque existían temores de que una cooperación de este tipo se inclinase por la política más dura de EE.UU. en vez de por los métodos más liberales de los canadienses.
No obstante, el Primer Ministro, Jean Chrétien, insistía ante el Parlamento: "Mientras tengamos necesidad de trabajar conjuntamente con EE.UU. en materia de refugiados, este gobierno resistirá la tentación de reformar precipitadamente el sistema en detrimento de la tradición liberal del país y de la acogida a inmigrantes y refugiados".
Lo que esperamos es que cualquier nueva medida de seguridad guarde un adecuado equilibrio con los amenazados principios de protección al refugiado
Maniobras europeas
Al otro lado del Atlántico, la Comisión Europea presentó sus propias propuestas legislativas para combatir el terrorismo y agilizar los procesos de extradición entre los estados miembros. La agencia para los refugiados expresó sus reservas en ambos casos.
La inclusión de crímenes tales como la extorsión, el robo o el atraco no siempre debería justificar la "exclusión" de una persona de las disposiciones de la Convención de 1951, defendía el ACNUR. La "forma vaga y a grandes rasgos de abordar la definición de delitos terroristas… puede llevar a ampliar de manera injustificada la aplicabilidad de las cláusulas de exclusión de la Convención, haciendo una interpretación restrictiva de las mismas".
La segunda propuesta, en la medida en que pretende reforzar el traslado de sospechosos criminales entre dos estados, debería incluir garantías que aseguren que la protección de un refugiado no se verá socavada por su extradición. Entre otras cosas, deberían procurarse medios de regreso al país que haya reconocido al refugiado al finalizar el juicio o, como mínimo, después de haber cumplido su sentencia.
En el terreno internacional, la Unión Europea es un actor influyente a la hora de establecer criterios y sus instrumentos legales suelen servir de modelo en otras partes del mundo. "La capacidad exportadora de instrumentos que no contienen garantías legales explícitas a otras regiones con sistemas de protección de los derechos humanos menos desarrollados es preocupante", explicaba una nota del ACNUR, "dado que podría socavar los derechos humanos existentes y los principios de protección al refugiado".
Es de suma importancia que los estados comprendan que la Convención no ofrece un refugio seguro a los terroristas. Al contrario, ha sido cuidadosamente elaborada para excluir a aquellas personas que cometen crímenes especialmente graves
Cada país europeo tuvo en cuenta sus propias medidas. El Secretario británico de Interior, David Blunkett, presentó un radical proyecto de ley antiterrorista que suspendía y podía negar el derecho a solicitar asilo a las personas detenidas bajo la legislación propuesta.
Según la ley actual, una Comisión Especial de Apelaciones de Inmigración examina los casos de los solicitantes de asilo considerados como una amenaza a la seguridad nacional, así como las razones de su huida. Las nuevas propuestas impedirían a la comisión considerar el contenido referente al asilo en las apelaciones. Igualmente, permitiría la detención indefinida de sospechosos en el caso de que no puedan ser devueltos a sus países de origen.
"La actual ley para refugiados protege a los solicitantes de asilo al tiempo que asegura el interés de los estados cuyo deber es proteger a sus ciudadanos", señala Anne Dawson-Shepherd, Representante del ACNUR en el Reino Unido. "Cualquier maniobra dirigida a negar o suspender el acceso a los procedimientos de asilo es, por tanto, innecesaria, y supondría erosionar su compromiso" con la Convención sobre los Refugiados de 1951.